La reforma del Código Penal del año 2010, que introdujo por primera vez en nuestro Derecho la responsabilidad penal de la persona jurídica, y su posterior modificación en el año 2015, con la introducción de una cláusula que exige que las entidades cuenten con planes de prevención de riesgos penales, ha impulsado a que muchas compañías, ante la falta de una estructura interna adecuada y con experiencia en ello, hayan decidido la contratación de estos servicios especializados a profesionales independientes. Entre otros, los servicios ofrecidos son:
- Evaluación del riesgo potencial de la empresa
- Elaboración de un código de conducta
- Implementación de un sistema de análisis y control
- Plan de formación para el cumplimiento del código de conducta
- Realización de auditorías periódicas del sistema de prevención
